El dictador y su dictadura

     El Gobierno socialcomunista acumula ya 26 excepciones a la obligación recogida en la ley de que altos cargos como los directores generales de los ministerios sean funcionarios, una situación que ha causado malestar entre el cuerpo de funcionarios. La última excepción recogida es la dirección general del Instituto para la Transición Justa.

Según recoge El Mundo, la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca) ya ha impugnado ante el Tribunal Supremo una veintena de estos nombramientos.

“Creemos que se está haciendo un uso espurio de la excepción. Y además, en esta ocasión, con un doble agravante: que en esta ocasión se está doblando el número de altos cargos designados a dedo frente a otros gobiernos; y que demuestra que los que deciden no han aprendido la lección”, ha explica Jordi Solé Estalella, presidente de Fedeca.

La entidad ya ha interpuesto un escrito en el Tribunal Supremo para impugnar el decreto de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y que ya recogía una veintena de direcciones generales a cuyo titular se exime de la obligación de ser funcionario. Ahora completarán su escrito con los nuevos nombramientos, algunos decididos por el Consejo de Ministros en los últimos días. “El número no nos preocupa en sí, lo que nos preocupa es el modelo que se instaura, que la clase política piensa que la administración puede ser un cortijo, un botín”, ha señalado Solé.

Fedeca aúna a más de 40 asociaciones profesionales y sindicatos de funcionarios públicos de carrera de las más variadas profesiones (abogados, economistas, ingenieros, arquitectos, médicos, diplomáticos…), organizados en “cuerpos”. Representa a la práctica totalidad de funcionarios públicos pertenecientes al primer grupo o grupo superior de la Administración del Estado (Grupo A1) y donde se integran aproximadamente 15.000 profesionales.

  Presentan ante el juez la primera denuncia contra el ‘prevaricador’ Sánchez por permitir las marchas del 8-M en plena epidemia

Un experto médico avisó infructuosamente a Sanidad el 30 de enero de 2020 que lo que venía a España no era una broma y había que estar preparado

  

  Ya cayó la primera y ahora irán cayendo una tras otra.

El abogado Víctor Valladares ha presentado en los Juzgados de la Plaza Castilla de Madrid una denuncia contra Pedro Sánchez y contra los delegados del Gobierno de 18 provincias, en la que les acusa de prevaricación, por autorizar las multitudinarias manifestaciones feministas del 8M en plena epidemia del coronavirus.

La denuncia, interpuesta el pasado 19 de marzo, deberá ser tramitada por el Tribunal Supremo, ya que el presidente del Gobierno tiene la condición de aforado.

En su escrito, Valladares señala que el 1 de febrero de 2020, nueve días antes de que el líder del PSOE, el de Podemos y todos sus ministros incitaran desde los medios de comunicación públicos y privados a acudir en masa a las marchas feministas, se registró en La Gomera el primer caso de coronavirus en España, si bien esta enfermedad ya había provocado una grave alerta sanitaria en otros países como China e Italia.

La denuncia recuerda que en la manifestación del 8M de Madrid, a la que asistieron cerca de 120.000 personas, participaron la mujer del presidente socialista, Begoña Gómez, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, que pocos días después han dado positivo en el test de coronavirus.

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España pasó de tener 114 casos de coronavirus el 2 de marzo (cuando la UE dictó su resolución) y 580 el 8 de marzo (día que se celebraron las manifestaciones feministas del 8M) a un total de 6.319 casos el 14 de marzo.

De este modo, señala la denuncia, el número de casos por coronavirus ha crecido 45 veces más en España que en Italia, en el citado período.

En estos momentos, España es el país en el que más rápidamente se propaga la enfermedad.

La denuncia acusa a Sánchez y a los delegados del Gobierno de un delito de prevaricación administrativa, de acuerdo con el artículo 404 del Código Penal, que establece una pena de 9 a 15 años de inhabilitación para la «autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».

Presentan ante el juez la primera denuncia contra el 'prevaricador' Sánchez por permitir las marchas del 8-M en plena epidemia

LAS FAMILIAS SE ORGANIZAN

Por el momento son sólo un puñado, pero vistas las cifras de muertos, muy pronto serán decenas, quizá centenares las familias españolas que se unan para sentar en el banquillo a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y otros miembros del Gobierno socialcomunista, acusados de ‘negligencia criminal’ en la crisis del coronavirus.

El Ejecutivo de coalición, montado por PSOE y Podemos, sabía desde el 30 de enero de 2020 que la ‘peste china‘ era no sólo era letal, sino altamente contagiosa e ignoró irresponsablemente el peligro.

Los indicios sobre la enormidad de la pandemia, anticipada desde diciembre por China y confirmada por la pavorosa situación de Italia con tres semanas de antelación, no sirvieron a las autoridades de España para adelantarse con medidas de prevención contundentes.

Aquí, a margen de una ignorancia que cada hora parece más culpable, lo que primaba era la obsesión por apuntarse tantos propagandísticos con las manifestaciones feministas del 8 de marzo y los apaños para sacar de la cárcel a los golpistas catalanes y asegurarse la aprobación de nuevos presupuestos, que permitieran a Sánchez y sus compinches seguir durmiendo en La Moncloa.

Publicado por Maritza

badajogrande@latinmail.com

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29 comentarios

      1. Las instituciones defensivas del Estado Español, creadas al amparo de la Constitución para que los mejores sean los elegidos para gobernar y para defendernos de miserables, corruptos y canallas que pudieran controlar el poder en nuestra nación, han fracasado porque se ha mostrado incapaces de impedir que un gobierno como el de Pedro Sánchez, altamente dañino para España, conduzca al país, sin obstáculos, hacia la la pobreza y la destrucción.

        Por fortuna, el gobierno de Pedro Sánchez no ha exhibido un rostro claro de criminal, pero sí ha protagonizado, con impunidad y contra España y sus ciudadanos, decisiones y actuaciones que representan daños tan terribles como muertes por negligencia, avances hacia la pobreza, pérdida de grandes contratos de valor económico incalculable y muchos perjuicios de gran calado para la economía, la salud y la convivencia.
        —-
        Toda una bateria de daños y perjuicios ha sido perpetrada con absoluta impunidad por el gobierno contra España y sus ciudadanos, causante de dramas que sufrirán varias generaciones de españoles, sin que ni el Monarca, que es jefe del Estado, ni las Cortes, convertidas por los partidos políticos en una exhibición de esclavos sin capacidad de debate, ni la Justicia hayan sido capaces de frenar el desastre de un gobierno que conduce a la nación impunemente hacia la pobreza, el deterioro de la convivencia, la injusticia y el enfrentamiento.

        Los ciudadanos, desesperados ante la pésima gestión de la pandemia, que ha hecho de España uno de los países más infectados y con más muertos de todo el mundo, se han cansado de mirar hacia las alturas del poder establecido en espera de intervenciones salvadoras, dimisiones y castigos de los pésimos gobernantes, que campean a sus anchas como dueños absolutos de un Estado del que los ciudadanos han sido expulsados.

        El gobierno miente y no ocurre nada. Las encuestas se trucan y nadie lo impide. Muchos españoles hasta sospechan de fraude electoral y nada ocurre. El gobierno se equivoca y no ocurre nada, ni siquiera cuando miles de ancianos han muerto abandonados en las residencias de mayores, sin recibir el trato médico a que tenían derecho, y cuando miles de sanitarios han sido enviados a luchar contra el virus sin la mínima protección, causándoles el mayor índice mundial de contagios y muertes por el coronavirus.

        Una parte importante del pueblo, confinado forzosamente en sus hogares, ha tenido suficiente tiempo para reflexionar y ha llegado a la conclusión de que la ciudadanía es impotente frente al mal, cuando el mal se apodera del Estado. Como consecuencia, ha adquirido una fuerte sensación de frustración y se subleva ante la impunidad de la clase política, tan privilegiada y blindada que jamás paga por sus errores y por los daños que causa.

        Lo que está ocurriendo en España no es común en el resto del mundo, donde los políticos pagan por sus abusos y errores y dimiten cuando se equivocan o causan daño. La burda e insultante impunidad de los políticos y la indefensión frente a dirigentes inicuos son problemas genuinos de España, donde la clase política ha perdido el miedo al pueblo y a las leyes.

        Los periodistas están comprados, los medios esconden la verdad y defienden al gobierno que les paga, la Justicia está politizada, la Fiscalía está en manos del partido en el poder y el Parlamento, que las democracias conciben como el templo para el debate y el análisis, ha sido degradado hasta convertirse en un establo donde un gran rebaño castrado dice y aprueba sólo lo que sus respectivos partidos quieren, mientras disfrutan de buen sueldo y de una cosecha enorme de privilegios y ventajas.

        Lo más grave en la España actual es que la gente, con razón, se siente impotente y desamparada ante el poder y tiene la sensación de que nunca podría librarse de un criminal, si éste llegara un día a encaramarse en la cima y tomara en sus manos el timón de nuestra nación.

        La situación de impunidad de los que mandan y de desamparo de los que obedecen es tan injusta y profunda que genera inestabilidad y desobediencia civil, lo que pide a gritos una reforma constitucional que redefina y enderece un Estado que hoy está en crisis, desvalido y al alcance de cualquier canalla con suficiente osadía para tomarlo por asalto y encastillarse en la cima.

        La verdad es dura y evidente: En la España actual, la soberanía popular no existe y ni el rey, ni las Fuerzas Armadas, ni la justicia, ni la prensa, ni la oposición, ni el pueblo tienen suficiente fuerza para expulsar del poder, si fuera necesario, a un monstruo desatado.

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